Arde el Régimen
El incendio, que está devastando la región de la Patagonia, ha puesto en evidencia las profundas conexiones entre la recesión económica, la inestabilidad social y la inseguridad ciudadana. Este desastre natural no solo ha destruido vastas zonas de flora y fauna, sino que también ha exacerbado las tensiones existentes en un país sumido en la crisis provocada por el régimen libertario presidido por Javier Milei.
Es imperativo destacar que combatir la inseguridad es una responsabilidad compartida entre los gobiernos provinciales y el federal. Si bien la administración de la seguridad ciudadana recae principalmente en las provincias, no podemos obviar que el narcotráfico, un delito de carácter federal, también contribuye significativamente al incremento de la inseguridad. La provincia de Buenos Aires, y más específicamente el conurbano bonaerense, es parte integral de la nación argentina y no puede ser tratada como un ente separado.
En este contexto, resulta preocupante observar cómo el gobierno nacional aprovecha cada oportunidad para politizar la tragedia y buscar rédito electoral, agrediendo constantemente al gobernador Axel Kicillof y a los intendentes justicialistas de la provincia de Buenos Aires. En lugar de unirse en un esfuerzo conjunto –como ha solicitado Gustavo Menéndez– para enfrentar los desafíos comunes, se prioriza el ataque y la descalificación política, desviando la atención de las verdaderas causas y responsabilidades compartidas.
La recesión económica ha generado un clima de inestabilidad social que, sumado a la inseguridad ciudadana, crea un terreno fértil para los incendios intencionales y otros actos delictivos. La falta de recursos y la descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno agravan aún más la situación, dejando a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad constante.
Es fundamental reconocer que la solución a estos problemas complejos requiere un enfoque integral y colaborativo. Menéndez ha subrayado la necesidad de coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno. Su propuesta, trazada ante la plana mayor de las áreas de Seguridad, Educación, Salud y Justicia, así como de legisladores provinciales, nacionales y locales, representantes de distintos credos religiosos y el Ministerio Público, ha significado un hito trascendental en el diseño de políticas públicas eficientes y realistas.
La seguridad, tanto en términos de prevención de desastres naturales como de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, debe ser abordada con responsabilidad compartida y sin caer en la tentación de la politización. Solo así podremos construir una Patria más segura y justa para todos.
