Humanismo o Barbarie
Por Horacio Enrique Poggi
Se argumenta que las instituciones actuales, nacidas del constitucionalismo del siglo XIX, han cumplido su ciclo y ya no son adecuadas para responder a las demandas de la sociedad del siglo XXI. La premisa es que la sociedad está fragmentada en numerosos grupos, llevando a una tribalización en plena era digital. Es cierto que existen múltiples tribus, pero estas deben acatar la legalidad para convivir en amistad y cooperación. No están legitimadas para actuar libremente en nombre de una supuesta autonomía. Aquí radica el problema de escépticos como Roberto Gargarella: si no evaluamos el sentido y el proyecto de vida de cada componente de la sociedad, caemos en el absurdo, el caos y la anarquía.
La cadena de absurdos es infinita: si los defensores del aborto quieren imponer su perspectiva, si los antiabortistas quieren imponer la suya, si los motociclistas ignoran las reglas de tránsito, o si los manifestantes creen que la libre circulación es de su propiedad exclusiva… Por ello, antes de teorizar sobre el agotamiento de las instituciones del constitucionalismo, debemos auscultar la legitimidad de las tribus. La convivencia democrática y el pluralismo existen para resolver diferencias racionalmente y llegar a consensos para una mejor convivencia civilizada.
Desestimar la legitimidad y basarse únicamente en el reclamo compulsivo de nuevos derechos nos lleva al desvarío. La existencia de múltiples tribus no legitima nada por sí misma; es esencial evaluar la realidad o la fantasía de cada demanda. ¿Podemos respaldar exigencias artificiales en nombre de minorías irracionales que contradicen la ciencia, la biología y el derecho? ¿Podemos avalar cualquier cosa en nombre de una libertad imaginaria?
La humanidad ha progresado gracias a la razón y, a menudo, coordinando acciones con la fe, pero nunca a través de artificios ideológicos. Una sociedad firma un pacto de convivencia a través de sus instituciones, y si los representantes no cumplen con sus obligaciones, deben ser reemplazados mediante mecanismos legales previstos en el constitucionalismo. Disiento con quienes apelan a una sociología del constitucionalismo para justificar la irracionalidad de una sociedad tribalizada.
Respetar el pluralismo social y reconocer múltiples grupos es una cosa; aceptar la destrucción interna de la sociedad avalando cualquier demanda es otra muy distinta. La crisis de representación debe enfrentarse con racionalidad y voluntad de cambio, fortaleciendo la institucionalidad y seleccionando legisladores y gobernantes conscientes de la realidad contemporánea. La solución no vendrá de un liberalismo radicalizado ni de un exclusivismo represivo, sino del diálogo intersectorial que legitime demandas humanistas y alejadas de los dislates subjetivos que conducen a la barbarie.