Cien días de crueldad
Ningún programa económico alcanza el éxito si prescinde de la seguridad jurídica. Como tampoco ninguna reforma estructural del Estado, sin un plan de contingencia. Son requisitos elementales de la buena gobernanza.
En estos primeros cien días de Gobierno de La Libertad Avanza lo elemental ha devenido en excepcional. Y lo excepcional, en pretendida normativa regular. El DNU 70 –recientemente rechazado por el Senado de la Nación- es una prueba categórica de atropello jurídico. “Un ejemplo lo aclara todo”, decía Napoleón. La Cámara Nacional del Trabajo, ante una acción de amparo iniciada por la CGT, ha determinado la inconstitucionalidad de la reforma laboral impulsada por la administración libertaria en el Capítulo 4 de dicho decreto.
En tanto, el ajuste fiscal en ciernes retrasó la entrega de alimentos en comedores y merenderos. Como así también, ha diferido la provisión de medicamentos oncológicos de alto costo a miles de pacientes desesperados. Los funcionarios del Ministerio de Capital Humano, ¿cómo descuidaron que el hambre no espera y que los enfermos con distintos tipos de cáncer necesitan efectuar sus tratamientos sin interrupciones? Auditar la asignación de recursos de la gestión anterior no justifica demoras tan prolongadas, inhumanas e insensibles. El amateurismo y la corrupción van de la mano. Matan.
La situación general del país es alarmante. El índice inflacionario acumula 276,2% en el último año. Un “numerazo”… Así, los salarios siguen quedando rezagados con las privaciones dolorosas que ello implica para la mesa de los argentinos. En febrero, una familia porteña necesitó disponer de $1.017.520 para pertenecer a la clase media y $684.115,30 para no caer por debajo de la línea de pobreza. En el presente mes, la aceleración de precios de las dos primeras semanas pinta un panorama de incertidumbre superior. En Merlo, el sistema público de salud ha colapsado, los pedidos de alimentos aumentaron más de 50% y la caída de la recaudación condiciona la prestación de servicios municipales básicos. El Intendente Menéndez creó puntos solidarios para entregar viandas de comida en 143 barrios. El problema se agrava si le sumamos la suspensión ordenada por el Gobierno Libertario de obras estratégicas en todo el municipio, a fin de que el Ministerio de Economía se vanaglorie de estar saneando las cuentas fiscales a costa del atraso, el hambre y la amargura de nuestro Pueblo.
Desde el Peronismo Bonaerense se ha advertido que el orden constitucional agoniza, que las provincias padecen un constante asedio de la administración central y que el recorte de recursos busca perjudicar a la gestión del gobernador Axel Kicillof, quien pone el mejor de los esfuerzos en defensa de la autonomía provincial y de los 135 municipios, cualquiera sea su pertenencia partidaria. De ahí que instar a la desobediencia fiscal promovida por el propio Presidente de la Nación sea un acto irresponsable de una gravedad inusitada. La Provincia es de todos los bonaerenses y existen fundados motivos de todos los actores políticos para plantarse ante cualquier avasallamiento arbitrario e inconstitucional.
Por eso, en los más altos niveles de la dirigencia democrática urge delimitar responsabilidades y fijar posiciones concretas. Nadie se salva solo. La Patria del Siglo XXI nos interpela. Seamos capaces de escuchar los clamores del Pueblo y ponernos en sintonía con las demandas históricas. En cuarenta años de democracia, el diálogo y el consenso han sido herramientas de la Política, en la elaboración y sanción de las leyes. Hemos reformado la Constitución con el acuerdo de la pluralidad partidaria, y logrado avances reconocidos internacionalmente en materia de Derechos Humanos. Superamos dos crisis económicas preservando la institucionalidad. La eclosión de 2001 fue resuelta por la Política con más Política. Ningún partido -o sector- pensó abandonar la democracia republicana para salir del atolladero. Fue con la Constitución en la mano y la Patria en el corazón como emprendimos el camino de la recuperación inclusiva y sostenible.
Consideramos que cualquier atajo por fuera de la legalidad acarrea más divisionismo regresivo. La mayoría de los justicialistas ha expresado su deseo de que al presidente Milei le vaya bien. Son tiempos complejos y de soluciones también complejas. Pero la tolerancia social posee límites. Máxime cuando un padre de familia llega a su casa con los bolsillos vacíos.
No es demagogia populista reivindicar la función solidaria del Estado. No es servir a la “casta” asistir efectiva y rápidamente a los más vulnerables. Es una falacia perversa culpar a la Política de males irresueltos durante décadas. Enseña el Papa Francisco que “la política es una de las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien común”.
Destruyeron la Argentina los que abrazaron la causa deleznable de la antipolítica. El pasado reciente nos lo demuestra. Sangre, tortura y desaparecidos. Bajemos un momento el índice acusador. ¿Quién puede arrojar la primera piedra?
Dios ilumine a nuestros gobernantes y nos ayude a darnos la mano. A cargar cada uno su Cruz. A pasar de la indignación a la esperanza. Del ataque intolerante en las redes sociales a la convivencia respetuosa en las barriadas populares. De la insensibilidad de los poderosos a la Justicia Social. De la especulación financiera al trabajo decente. De la dictadura del mercado a la vida digna de la comunidad organizada. De la barbarie egoísta de los grupos económicos a una Patria de Iguales.
Mal que le pese al oficialismo libertario, el enemigo nunca es el otro. El otro es mi hermano.
